Luz verde ambiental para la planta de biogás en Algadefe

La Junta de Castilla y León ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable para la futura planta de gestión de residuos ganaderos que la empresa Cycle Biogas Esla S.L. proyecta construir en el municipio leonés de Algadefe. El visto bueno, publicado este miércoles, 4 de noviembre, en el Boletín Oficial autonómico, avala la viabilidad ambiental del proyecto siempre que se cumplan estrictamente las medidas preventivas y correctoras fijadas por la administración.

El complejo ocupará más de 52.000 metros cuadrados, con instalaciones sobre casi 12.000 m², y tendrá capacidad para tratar hasta 100.000 toneladas anuales de residuos procedentes principalmente del sector ganadero local: unos 37.800 toneladas al año serán purines y otras 61.680 toneladas corresponderán a estiércol. Mediante un proceso avanzado de digestión anaerobia, estos materiales se convertirán en biogás, permitiendo obtener aproximadamente 2.885 toneladas anuales de biometano, además de subproductos como sulfato amónico (1.460 t), digestato líquido (68.338 t) y sólido (23.926 t), todos ellos destinados a usos agrícolas bajo regulación específica.

El debate de la cercanía

Uno de los aspectos más debatidos es la cercanía entre la planta y las viviendas: estará situada a apenas 210 metros del núcleo urbano principal; otros pueblos próximos son Toral de los Guzmanes (a más de 1,5 km) y Castrofuerte (a más de 3,5 km).

La promotora ha asegurado que los camiones no circularán por el casco urbano y que se implantarán sistemas avanzados para controlar olores así como una red permanente para vigilar las aguas subterráneas.

Entre las obligaciones impuestas destaca la instalación previa al inicio del funcionamiento efectivo al menos tres piezómetros —uno aguas arriba y dos aguas abajo— para monitorizar posibles afecciones sobre acuíferos locales; también será imprescindible realizar un análisis inicial del estado hídrico antes del arranque industrial.

En cuanto a los olores, se exige limitar al máximo el almacenamiento temporal in situ y transportar los residuos exclusivamente en vehículos cerrados o cubiertos fuera del entorno residencial inmediato. Asimismo, durante el primer año deberá elaborarse un estudio olfatométrico conforme a normativa UNE 13725; si se detectan molestias relevantes podrán requerirse nuevas medidas adicionales.

Respecto al control atmosférico, la planta tendrá obligación permanente tanto de medir sus emisiones como mantener actualizados todos los sistemas reductores instalados; cualquier residuo deberá almacenarse únicamente dentro del recinto habilitado e impermeabilizado específicamente para evitar filtraciones contaminantes.

En relación con el entorno natural protegido —especialmente relevante dada su proximidad al área importante para aves Tierra de Campos— los informes oficiales descartan afecciones significativas siempre que se respeten todas las condiciones técnicas previstas: especies sensibles como milano real o sisón común han sido identificadas pero no verán comprometida su conservación según lo previsto por Patrimonio Natural.

No es la autorización definitiva

Por último, cabe recordar que esta declaración ambiental positiva no implica todavía autorización definitiva ni permite iniciar actividades industriales sin completar antes todos los trámites sectoriales exigidos por ley ni acreditar documentalmente cada uno de los requisitos ambientales impuestos por la Junta autonómica. Además, si las obras no comienzan antes del plazo legal establecido —cuatro años desde su publicación— perderá automáticamente su vigencia salvo prórroga expresa conforme a normativa vigente.

La resolución supone así un paso crucial hacia una nueva infraestructura clave en materia energética circular e innovación rural pero mantiene abiertos mecanismos rigurosos tanto administrativos como técnicos destinados a garantizar protección social y medioambiental durante toda su vida útil.