CSIF: “La retención del talento en la Comunidad a la que aspira Fernández-Mañueco pasa por mejorar las condiciones de las plantillas de la Junta”

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, espera una legislatura “exitosa” para el nuevo Gobierno de Castilla y León, porque “entonces también lo será para toda la ciudadanía de la Comunidad, incluidos todos los trabajadores y trabajadoras de la administración autonómica”. Dice que la Junta es la mayor empresa de Castilla y León, que tiene la “esencial tarea de ofrecer los mejores servicios públicos posibles y de calidad”, y por eso comparte la afirmación de Alfonso Fernández-Mañueco en su toma de posesión de presidente, cuando abogó por retener el talento en la Comunidad. “Pues empecemos ya y pongámonos a trabajar en la mesa general de negociación de los empleados públicos. Hay mucho que hacer en la administración general, en educación o en sanidad para mantener ese talento, que pasa por cuidar al personal de la Junta ofreciendo unas condiciones laborales y salariales dignas y atractivas, en un territorio disperso, complejo y muy extenso”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF), que ha reunido esta mañana a los responsables de los sectores que aglutinan los servicios y competencias de la Junta, para esbozar la estrategia sindical ante la nueva legislatura, prioriza la actualización de la carrera profesional “en todos los ámbitos, todo el personal y todas las categorías profesionales”. “Los primeros presupuestos de la Junta deben contar con unos fondos consensuados que empiecen a contener y reducir la creciente brecha salarial interna del personal de la Junta, entre las diferentes categorías, afirma. El presidente autonómico de la organización sindical lo tiene claro: “Que cada euro de incremento presupuestario de alrededor de 3.000 millones de euros acumulados, tenga un reflejo en la nómina de sus 96.000 empleados públicos”.

CSIF también urge un refuerzo de las plantillas y, en definitiva, la aprobación de una renovada Ley de Función Pública de Castilla y León, “un compromiso que viene retrasando años y de la que depende la modernización, la organización y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”. Además, el sindicato independiente pide que, en cuanto presente las 50.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para aprobar una ley de enfermería escolar, los grupos políticos de las Cortes y el propio Gobierno aceleren el debate y la votación.

Benjamín Castro remarca que “esta legislatura tiene que ser la que modifique la normativa de representación institucional del Diálogo Social, que debe adaptarse a la realidad democrática y socioeconómica de la Comunidad. CSIF es el principal sindicato de las administraciones en Castilla y León y, como otras organizaciones, tenemos mucho que aportar”.

EDUCACIÓN. La presidenta del sector autonómico de Educación, Isabel Madruga, ha recordado la necesidad del desarrollo del acuerdo de mejoras de condiciones laborales para los docentes, firmado con los sindicatos en septiembre de 2025; la exigencia de la equiparación salarial del profesorado con otras comunidades autónomas más altas; o ha mostrado su preocupación por la decisión de desgajar Universidad de la Consejería Educación y pasarla a la de Industria. “Seguiremos de cerca las consecuencias que puede tener el cambio en la gestión universitaria y la afección que puede tener para los profesores e investigadores, y también para la formación de los estudiantes”, dice Madruga.

SANIDAD. En el caso de la Sanidad, el responsable del sector, Enrique Vega, reclama al consejero el cumplimiento de los acuerdos pendientes y firmados en la anterior legislatura para el personal sanitario y de Sacyl, como es el pago del complemento por los sábados trabajados; la apertura de negociación de plantilla orgánica para reforzar la Atención Primaria y hospitalaria; un nuevo decreto de carrera profesional más asequible y con mejoras retributivas; o la reclasificación profesional a los técnicos sanitarios en el seno de la nueva ley de función pública autonómica. Vega también se refiere a las “expectativas e inquietudes” que crea la incorporación de la Gerencia de Servicios Sociales en la Consejería de Sanidad, “que hay que ver cómo se gestiona”. Además, no olvida la tramitación del anteproyecto del Estatuto Marco del Gobierno, que tendrá consecuencias para la administración autonómica si se aprueba, pese a que parece que se tramitará sin cuestiones imprescindibles para CSIF como la jubilación parcial y la anticipada por coeficientes reductores, que suponen líneas rojas para la organización.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA. Por su parte, el presidente del sector autonómico de CSIF Castilla y León de la Administración General de la Junta, Agustín Argulo, apela a la negociación de un nuevo convenio del personal laboral, caducado y denunciado ya por el sindicato independiente; la reclasificación de las categorías profesionales; o la actualización de la carrera profesional (también la convocatoria IV). Asimismo, reclama la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral; la cobertura del elevado porcentaje de vacantes existente; y el concurso de traslados de funcionarios con carácter anual, como marca la normativa. Ante la creación de la Dirección General de Incendios, señala que “no es el cambio que esperábamos, es más continuidad”. Agustín Argulo recuerda que el actual operativo de prevención y extinción de incendios forestales, criticado por la falta de recursos materiales y personales, y por la precariedad del empleo, es obra del que ahora llevará la Dirección General y antes era jefe de servicio. Lo que queremos es que haya un cambio estructural de un operativo cien por cien con empleados públicos”, puesto que el modelo actual, es un modelo fallido.