CEL y Altradime advierten del impacto económico de la subida del combustible y piden medidas anticipadas de apoyo al sector
El Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte (Altradime) instan a las administraciones a preparar medidas de apoyo para el transporte profesional ante la subida del precio de los carburantes, provocada por el conflicto en Oriente Medio. Ambas organizaciones piden mecanismos automáticos de compensación, como la aplicación de la revisión obligatoria de precios según establece la normativa
![[Img #105798]](https://leonsurdigital.com/upload/images/03_2026/5279_whatsapp-image-2026-03-11-at-102148-1.jpeg)
El transporte profesional de mercancías por carretera en la provincia de León afronta una situación de creciente presión económica tras el incremento del precio del combustible registrado en los últimos días, en un contexto marcado por la tensión geopolítica internacional y su impacto en los mercados energéticos.
El vocal de la directiva del CEL y presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez y el presidente de Altradime, Pablo Lorenzo, han advertido que esta escalada de costes puede comprometer la actividad de numerosas empresas y profesionales autónomos si no se articulan mecanismos de compensación que permitan absorber el incremento del gasóleo.
Durante el análisis conjunto realizado por el Círculo Empresarial Leonés y la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte, se puso de manifiesto la importancia estratégica del transporte para el funcionamiento de la economía provincial y para la estabilidad de las cadenas logísticas.
En este sentido, Roberto Rodríguez, recordó la relevancia estructural del sector:
«El transporte no es un sector más, es un sector esencial para el funcionamiento de la economía. Si transporte no funciona la industria ni el comercio».
Rodríguez subrayó además que esta dependencia es especialmente evidente en territorios de interior como León:
«En una provincia como León, esta realidad es más evidente porque somos una provincia de interior. Aquí el problema no afecta solo al conductor de camión, afecta a toda la cadena económica».
El análisis sectorial apunta a que el combustible representa entre un 30% y un 40% de los costes operativos de un vehículo pesado, lo que convierte al gasóleo en uno de los factores más determinantes para la rentabilidad del transporte profesional.
![[Img #105799]](https://leonsurdigital.com/upload/images/03_2026/7643_img_4973.jpg)
Desde el propio sector del transporte se advierte de que el incremento del coste energético se está trasladando de forma inmediata a la estructura de costes de las empresas. Según explicó Pablo Lorenzo, presidente de ALTRADIME:«Nosotros no podemos trabajar a pérdida y ahora estamos perdiendo dinero. Repercutir este precio en las facturas es muy lento».
Lorenzo señaló además que la estructura atomizada del sector dificulta trasladar con rapidez estas variaciones de costes a los precios del servicio:
«El sector del transporte está muy dividido porque hay muchos autónomos y el cliente se aprovecha de esa situación».
Las estimaciones trasladadas por las organizaciones empresariales apuntan a que el incremento del combustible podría suponer hasta 2.000 euros mensuales adicionales por vehículo en determinados casos, lo que sitúa a muchas empresas en una situación de elevada incertidumbre económica.
Ante este escenario, el sector considera prioritario que las administraciones públicas activen mecanismos de respuesta anticipada, similares a los aplicados en crisis energéticas anteriores y como ya están haciendo países como Portugal, con el objetivo de evitar que la volatilidad del mercado energético comprometa la viabilidad de empresas y autónomos.
Las organizaciones empresariales insisten en que proteger la actividad del transporte supone también preservar el funcionamiento de las cadenas logísticas y del conjunto del tejido económico, especialmente en provincias con fuerte dependencia del transporte por carretera para el abastecimiento y la actividad industrial.
Aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte
En paralelo a estas medidas, el CEL recuerda que la legislación vigente ya contempla mecanismos para proteger el equilibrio económico del sector. En concreto el Real Decretoley 3/2022 establece la revisión automática del precio del transporte cuando el coste del combustible varía de forma significativa, una obligación que se activa cuando el precio supera una variación del 5% respecto al momento de contratación del servicio.
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El transporte profesional de mercancías por carretera en la provincia de León afronta una situación de creciente presión económica tras el incremento del precio del combustible registrado en los últimos días, en un contexto marcado por la tensión geopolítica internacional y su impacto en los mercados energéticos.
El vocal de la directiva del CEL y presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez y el presidente de Altradime, Pablo Lorenzo, han advertido que esta escalada de costes puede comprometer la actividad de numerosas empresas y profesionales autónomos si no se articulan mecanismos de compensación que permitan absorber el incremento del gasóleo.
Durante el análisis conjunto realizado por el Círculo Empresarial Leonés y la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte, se puso de manifiesto la importancia estratégica del transporte para el funcionamiento de la economía provincial y para la estabilidad de las cadenas logísticas.
En este sentido, Roberto Rodríguez, recordó la relevancia estructural del sector:
«El transporte no es un sector más, es un sector esencial para el funcionamiento de la economía. Si transporte no funciona la industria ni el comercio».
Rodríguez subrayó además que esta dependencia es especialmente evidente en territorios de interior como León:
«En una provincia como León, esta realidad es más evidente porque somos una provincia de interior. Aquí el problema no afecta solo al conductor de camión, afecta a toda la cadena económica».
El análisis sectorial apunta a que el combustible representa entre un 30% y un 40% de los costes operativos de un vehículo pesado, lo que convierte al gasóleo en uno de los factores más determinantes para la rentabilidad del transporte profesional.
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Desde el propio sector del transporte se advierte de que el incremento del coste energético se está trasladando de forma inmediata a la estructura de costes de las empresas. Según explicó Pablo Lorenzo, presidente de ALTRADIME:«Nosotros no podemos trabajar a pérdida y ahora estamos perdiendo dinero. Repercutir este precio en las facturas es muy lento».
Lorenzo señaló además que la estructura atomizada del sector dificulta trasladar con rapidez estas variaciones de costes a los precios del servicio:
«El sector del transporte está muy dividido porque hay muchos autónomos y el cliente se aprovecha de esa situación».
Las estimaciones trasladadas por las organizaciones empresariales apuntan a que el incremento del combustible podría suponer hasta 2.000 euros mensuales adicionales por vehículo en determinados casos, lo que sitúa a muchas empresas en una situación de elevada incertidumbre económica.
Ante este escenario, el sector considera prioritario que las administraciones públicas activen mecanismos de respuesta anticipada, similares a los aplicados en crisis energéticas anteriores y como ya están haciendo países como Portugal, con el objetivo de evitar que la volatilidad del mercado energético comprometa la viabilidad de empresas y autónomos.
Las organizaciones empresariales insisten en que proteger la actividad del transporte supone también preservar el funcionamiento de las cadenas logísticas y del conjunto del tejido económico, especialmente en provincias con fuerte dependencia del transporte por carretera para el abastecimiento y la actividad industrial.
Aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte
En paralelo a estas medidas, el CEL recuerda que la legislación vigente ya contempla mecanismos para proteger el equilibrio económico del sector. En concreto el Real Decretoley 3/2022 establece la revisión automática del precio del transporte cuando el coste del combustible varía de forma significativa, una obligación que se activa cuando el precio supera una variación del 5% respecto al momento de contratación del servicio.
































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