El PSOE insta a la Junta a proteger al sector del lúpulo leonés ante la amenaza de prácticas abusivas

El procurador del PSOE por León, Javier Campos, instó a la Junta de Castilla y León a “proteger a la ciudadanía y a los productores de una zona histórica que realiza una actividad singular”, en referencia a los valles del Órbigo y del Tuerto, donde se concentra más del 90 % del cultivo de lúpulo de toda España. Campos ha defendido una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes autonómicas, con el objetivo de que el Gobierno autonómico adopte medidas “urgentes y firmes” ante la situación generada por la ruptura del contrato colectivo entre la empresa Hopsteiner España S.A. y la Organización de
Productores (OP) Lúpulos de León SAT.

“El lúpulo es un cultivo estratégico para León y un motor económico y social para cientos de familias del medio rural. Pero cuando dependes de un monocultivo y alguien decide imponer sus condiciones, te dejan completamente desprotegido”, advirtió Campos. “Por eso, la Junta no puede mirar hacia otro lado. Debe actuar para defender la legalidad, la competencia justa y los intereses de nuestros productores”, añadió.

El parlamentario socialista explicó que la decisión de Hopsteiner de no renovar el contrato colectivo y de imponer acuerdos individuales con condiciones unilaterales —como la sustitución de variedades tradicionales por otras patentadas y la prohibición de comercializar a través de la SAT— “pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y vulnera principios básicos del sector agrario”.

“Estas prácticas podrían constituir un abuso de posición dominante y suponen una amenaza para el equilibrio de un sector que forma parte del ADN agrícola leonés. No podemos permitir que una empresa, por su peso en el mercado, condicione el futuro de un cultivo que da vida a nuestros pueblos”, subrayó Campos.

Campos concluyó señalando que el PSOE seguirá “defendiendo a los productores, al campo leonés y a un modelo de agricultura sostenible y justa”, al tiempo que reclamó a la Junta “que deje de actuar como espectadora y empiece a ejercer sus competencias en defensa del medio rural y de quienes viven de él”.