Trabajadores de Sanidad de Castilla y León exigen en Madrid a Mónica García un nuevo Estatuto Marco

Miles de trabajadores sanitarios de España, entre ellos cientos llegados de las nueve provincias de Castilla y León, participaron ayer en la concentración conjunta convocada por las organizaciones SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saudé que se ha celebrado en Madrid frente al Ministerio de Sanidad, para reclamar a la ministra Mónica García que no cierre la negociación con los sindicatos de la Mesa del Ámbito de Negociación, y busque un acuerdo que permita aprobar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales del personal de Sanidad y la atención a los pacientes.

Bajo el lema ‘Estatuto para avanzar’, los concentrados han reclamado a Sanidad y al resto de ministerios implicados una “acción de gobierno” conjunta y coordinada, y también que las comunidades autónomas se comprometan a trabajar por mejorar la Ley en lugar de proponer recortes en derechos y avances para cerca de un millón de profesionales de la sanidad pública.

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha explicado la estrategia sindical que habrá si el Estatuto Marco se cierra en falso, y ha alertado de la falta de medios materiales y humanos ante la inminente llegada del mal tiempo (gripe, enfermedades respiratorias, saturación, listas de espera...), la falta de
acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas y la preocupación ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la parálisis del Gobierno.

Hontangas denuncia que el texto actual de Estatuto Marco mantiene la precariedad laboral en algunas cuestiones esenciales como las retribuciones justas, reclasificación y actualización de funciones, jornada de 35 horas o derecho a jubilación anticipada.

Por su parte, el responsable del sector de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega, recuerda que llevan tres años negociando con el Ministerio el Estatuto Marco, que suponga mejoras para todos los colectivos del ámibito sanitario. Insiste en que una jornada de 35 horas “realista, regulada y saludable” debe aplicarse en una norma básica para que se implante en todo el territorio nacional de forma homogénea: “No podemos depender de compromisos políticos para su aplicación”. Enirque Vega afirma que “estamos dispuestos a endurecer las protestas e incluso llegar a la huelga”.