Vecinos y ecologistas denuncian ante el SEPRONA actividad ilegal en la cantera de un pueblo de León

Estos hechos tienen lugar inmediatamente después del 9 de julio, fecha en la que concluyó el periodo oficial de alegaciones al proyecto, su Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Restauración. En tanto no se resuelva dicho procedimiento, cualquier actuación en el ámbito de la cantera carece de respaldo legal y supone una infracción directa de la normativa ambiental. 

Actividad sin cobertura legal: una infracción grave La legislación ambiental vigente establece con claridad que sin Declaración de Impacto Ambiental favorable no puede autorizarse ni iniciarse ninguna actividad extractiva. Por tanto, cualquier intervención vinculada al proyecto, ya sea movimiento de tierras, acceso de maquinaria o acondicionamiento del terreno, constituye una actuación ilegal y debe ser objeto de intervención inmediata por parte de las autoridades competentes. 

La denuncia presentada ante el SEPRONA solicita expresamente que se investiguen los hechos y se proceda a su paralización, de conformidad con la normativa ambiental, minera y de protección del territorio. 

Afección grave a la población y al entorno La cantera se sitúa a tan solo 500 metros de viviendas habitadas de forma permanente, con el consiguiente riesgo para la salud y la seguridad de los residentes debido a emisiones de polvo, contaminación acústica, vibraciones y posibles daños estructurales en las edificaciones. 

Asimismo, el área afectada posee un alto valor ecológico y paisajístico, siendo hábitat de especies protegidas como el oso pardo, desmán ibérico, alimoche, milano real, águila real, halcón peregrino y perdiz pardilla. Por este espacio discurre también el Camino de Santiago Olvidado, vía histórica de creciente interés patrimonial y turístico que se vería gravemente afectada por una explotación minera. 

Exigencia de cumplimiento estricto de la legalidad Vecinos y ecologistas instan a que se cumpla con rigor el procedimiento legal en curso, y que se garantice la paralización de toda actividad no autorizada en la zona, en tanto no exista una resolución ambiental favorable que habilite cualquier intervención. Con esta acción se pretende proteger la legalidad, la salud pública, el patrimonio natural y los derechos de la población local, frente a cualquier intento de reactivar la cantera al margen de la normativa vigente.