Redacción
Sábado, 07 de Diciembre de 2024

El PP logra que el Pleno repruebe a la alcaldesa y exija su dimisión por posibles irregularidades en la contratación de la Fiesta Municipal

El Grupo Popular tuvo que recurrir a la normativa para convocar y celebrar una sesión plenaria extraordinaria de la que se ausentaron los 6 miembros del equipo de gobierno de UPL-PSOE

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El Partido Popular de Santovenia de la Valdoncina logró que el Pleno municipal repruebe a la alcaldesa, María Villagrasa (UPL), y exija su dimisión por posibles irregularidades en la contratación de los actos de la XXI Fiesta Municipal, una medida que también afecta a la concejala de Cultura, Tania Ramos.

 

La celebración de la sesión plenaria del pasado martes constató la crisis institucional que atraviesa el municipio. El Grupo Popular recurrió a la normativa para convocar y celebrar el Pleno extraordinario, una vez que hubo negativa por parte de la alcaldesa, y que provocó que los 6 miembros del equipo de gobierno de UPL y PSOE se ausentaran de la sesión.

 

El portavoz del PP, Fernando Rodríguez, lamentó la “no presencia” del equipo de gobierno para “dar a los ciudadanos de Santovenia las explicaciones necesarias” sobre la contratación de los actos de la Fiesta Municipal, celebrada el pasado mes de agosto, un procedimiento, a su juicio, “lleno de sombras y vacíos”.

 

El PP denuncia que la convocatoria del Pleno respondía a la necesidad de que el equipo de gobierno “explicara” el procedimiento de contratación de la Fiesta Municipal que “se hizo sin ningún tipo de procedimiento administrativo, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público” pese a que superó a los 50.000 euros de coste  

 

Censuran que “no existe ningún expediente” después de que la contratación inicial “quedase desierta”. Por ello, se acometieron “contrataciones verbales”, acciones “prohibidas” según se recoge en el artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

Medidas

Por ello, una vez celebrado el Pleno con la ausencia de los concejales de UPL y PSOE, se acordó por unanimidad de los concejales del PP, la “apertura de un expediente para la determinación de responsabilidades contables” y el traslado de la documentación al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General del Estado, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

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