El Consejo de Cuentas califica de 'crítica' la situación de Valderas y pide un plan de ajuste

Este reconocimiento y advertencia de los fallos se ha producido en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León ante la que ha comparecido el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, quien ha señalado que el Tribunal de Cuentas ya ha llevado a su sección de enjuiciamientos el estado económico de este municipio leones de 1.950 habitantes. Los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han reconocido fallos de las distintas administraciones públicas en el control y en el apoyo al Ayuntamiento de Valderas. La deuda reconocida es superior a 2,6 millones de euros, aunque se calcula que ésta es mucho mayor. 

En la última legislatura varios concejales abandonaron sus actas y otros sus siglas políticas. En la actualidad la corpoación está formada por cinco concejales no electos del PSO, un concejal del PP y cinco concejales no adscritos (dos provenientes del PSOE y otros tres del PP). Al frente del Ayuntamiento está la socialista Silvia Blanco, alcaldesa en funciones.

Al desgobierno de Valderas se suma todas las dificultades del Ayuntamiento para cubrir la plaza del Secretaría. Según se ha señalado desde la Junta de Castilla y León a pesar de los esfuerzos la plaza aún no está cubierta debido a los problemas burocráticos y los pocos candidatos que han optado a la plaza. 

El presidente del Consejo de Cuentas ha  indicado que el estado económico de Valderas ha pasado a la sección de "enjuiciamientos" de Tribunal del Cuentas, también ha reconocido que "no es fácil" cubrir la plaza de secretario-interventor pero que es una medida necesaria para propiciar la gobernabilidad del ayuntamiento.

Encabo ha querido señalar el "esfuerzo improbo" de la alcaldesa en funciones, Silvia Blanco, para reorganizar la situación financiera del municipio. Por último, el presidente del Consejo de Cuentas subraya la necesidad de un plan de ajuste para aprobar el presupuesto y reconstruir la contabilidad municipal -las últimas cuentas y presupuestos municipales son de 2007-. El alto órgano de fiscalización regional apunta a que se debe aprobar la relación de puestos de trabajo y marcar un presupuesto.