El PP resalta el “compromiso personal” de Mañueco con los leoneses al blindar por Ley la prestación de la sanidad, educación y los servicios sociales “con los mismos niveles de calidad
El Partido Popular de León resalta el “compromiso personal” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con “los leoneses y los castellanos y leoneses” al impulsar la Ley que garantiza el blindaje de los 3 servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales.
![[Img #85940]](https://leonsurdigital.com/upload/images/09_2024/850_ruta-la-mata-del-te-2024-09-17t131703052-1.png)
Esta iniciativa, propuesta por el grupo popular en las Cortes, que lidera el leonés Ricardo Gavilanes, recibió el respaldo mayoritario de los procuradores de Castilla y Leon, con la excepción del PSOE, que “sí respalda otras iniciativas en otras comunidades autónomas pero no se compromete en Castilla y León”.
La procurador popular Beatriz Coelho incide que “este compromiso personal del presidente de la Junta se ha cumplido” a diferencia “de los anuncios y cambios de opinion” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ‘arrastra’ a los procuradores socialistas “a votar en contra” de esta iniciativa esencial “para garantizar el bienestar de los castellanos y leoneses”.
“Blindar por ley estos servicios, es blindar la calidad de la educación, la sanidad y los servicios sociales en la provincia”, enfatizó la procuradora, quien remarca que “los leoneses se benefician de este pacto con los ciudadanos para que el alto nivel de servicios básicos no pueda descender”.
Antonio Mendoza, por su parte, incide que esta nueva normativa tiene, como máxima, “garantizar al ciudadano la prestación en todo el territorio de Castilla y León los servicios esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales y “especialmente a los del mundo rural”, donde se requiere un “esfuerzo suplementario” para mantenerlos.
El procurador leonés recuerda que “los leoneses disfrutan del cuarto Sistema sanitario más valorado de España, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública; de la mejor educación de España, donde encabezamos las tres categorías que valora el informe PISA” al tiempo que, prosigue, “llevamos diez años encabezando el ranking de Atención a la Depedencia, según el informe DEC de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España”.
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Esta iniciativa, propuesta por el grupo popular en las Cortes, que lidera el leonés Ricardo Gavilanes, recibió el respaldo mayoritario de los procuradores de Castilla y Leon, con la excepción del PSOE, que “sí respalda otras iniciativas en otras comunidades autónomas pero no se compromete en Castilla y León”.
La procurador popular Beatriz Coelho incide que “este compromiso personal del presidente de la Junta se ha cumplido” a diferencia “de los anuncios y cambios de opinion” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ‘arrastra’ a los procuradores socialistas “a votar en contra” de esta iniciativa esencial “para garantizar el bienestar de los castellanos y leoneses”.
“Blindar por ley estos servicios, es blindar la calidad de la educación, la sanidad y los servicios sociales en la provincia”, enfatizó la procuradora, quien remarca que “los leoneses se benefician de este pacto con los ciudadanos para que el alto nivel de servicios básicos no pueda descender”.
Antonio Mendoza, por su parte, incide que esta nueva normativa tiene, como máxima, “garantizar al ciudadano la prestación en todo el territorio de Castilla y León los servicios esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales y “especialmente a los del mundo rural”, donde se requiere un “esfuerzo suplementario” para mantenerlos.
El procurador leonés recuerda que “los leoneses disfrutan del cuarto Sistema sanitario más valorado de España, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública; de la mejor educación de España, donde encabezamos las tres categorías que valora el informe PISA” al tiempo que, prosigue, “llevamos diez años encabezando el ranking de Atención a la Depedencia, según el informe DEC de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España”.

































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