La DGT ya siente la huelga del Centro Estrada: Manda paralizar procesos

La plantilla de la UTE CTDA León (Centro Estrada) mantiene los paros por la postura intransigente de la empresa en la renovación del convenio laboral. Las trabajadoras y los trabajadores han vuelto a responder en la segunda jornada de huelga, con mayor seguimiento, incluso, que en la jornada anterior. En este martes, más de un 75% de la plantilla no ha acudido a su puesto de trabajo en respuesta a la actitud depredadora de la empresa. Este esfuerzo de la parte social ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT), el cliente, a dar orden de paralización de procesos como la aportación de documentación en los procesos en curso o la atención de llamadas relacionadas con trámites de vehículos. El Comité de Huelga lamenta esta situación que, en definitiva, representa un perjuicio para el ciudadano. Tanto el cese en la tramitación de sanciones como la falta de atención atenta contra el servicio público, que es el cometido de este centro de trabajo y no el beneficio de los accionistas de las tres multinacionales que han renovado el contrato con un precio un 45% mayor, hasta los 83 millones de euros.

La precarización del empleo en uno de los centros tecnológicos llamados a liderar la gestión administrativa del Estado Español se concreta en la pérdida de un 20% del poder adquisitivo de la plantilla en los últimos años, con categorías por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una vez más, el personal ha denunciado esta situación en la calle, con una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en León. Protesta que se repetirá este miércoles, también a las 12:00 horas, con una nueva concentración, en esta ocasión ante la Jefatura Provincial de Tráfico de León.

El Comité de Huelga recuerda que la convocatoria de huelga continuará vigente hasta el próximo 7 de abril, en tanto en cuanto la empresa no manifieste un cambio en su actitud y atienda las legítimas demandas de la parte social.

Por otra parte, el Comité de Huelga reclama a la DGT que ponga fin a los desmanes de la UTE y cumpla con el mandato ciudadano de servicio público. Ni la plantilla ni los ciudadanos deben ser los pagadores de las pretensiones de la UTE.