Manifiesto en defensa de los concejos y las entidades locales menores
![[Img #5565]](upload/img/periodico/img_5565.jpg)
En el Estado Español existen más de 3700
entidades locales menores, la mayoría en el norte, siendo leonesas una tercera
parte. Sin embargo, nos llamemos Parroquias Rurales, Pedanías, Juntas Vecinales y Concejos, o Entidades Locales Menores en
general, según nos encontremos en
Galicia, León, Asturias, Castilla, Cantabria, Navarra, Euskadi o en cualquier otro Lugar, todos
compartimos una realidad. La Ley de Racionalición y Sostenibilidad de la
Administración Local acaba con nuestra personalidad jurídica a pesar de que el
artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia dejan claro
que la regulación de los concejos es competencia de las CCAA, y que, leyes
aparte, son instituciones tradicionales conformadas secularmente.
Por este motivo decimos NO A LA
SUPRESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES.
Esta Ley,
que empieza su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y que será defendida
por el Diputado del PP por León, Eduardo Fernández, recoge explícitamente la amenaza
de supresión de todas las entidades locales menores, el expolio de sus bienes
comunales, que pasarían a los Ayuntamientos, el control de la gestión de
sus servicios por parte de las Diputaciones o las CCAA y la imposición de un
plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas.
Por este motivo decimos NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS.
Si esta Ley
se aprobase, una Diputación o una CCAA tendría capacidad, en coordinación con
el Ministerio de Hacienda, para decidir cómo se gestionarían los servicios que
ofrecen los Ayuntamientos y las entidades locales menores. Podrán imponer su
privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente nos
impondrá el Ministerio de Hacienda.
Por este motivo decimos NO AL EXPOLIO DE LOS BIENES COMUNALES.
Las
Diputaciones y las CCAA en subordinación al Ministerio de Hacienda, podrán
proponer al gobierno autonómico la supresión de las entidades locales menores a
las que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un
Plan económico Financiero. Denunciamos
el agravio consistente en que los ayuntamientos con déficit presupuestario puedan
disolver sus entidades locales menores, cuyo
patrimonio pasará a estos mismos consistorios, mientras los alcaldes
culpables de esa mala gestión conservan sus cargos.
Si esta Ley
se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y las entidades locales menores,
ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de coste efectivo
de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo nuevamente
serán impuestos por el Ministerio. En el caso de un mínimo déficit en
cualquiera de estos servicios las entidades locales menores podrán ser
disueltas.
Los
Concejos, Pedanías, Juntas vecinales y Parroquias Rurales , muchos de ellos se
remontan al medievo, recogen un modelo de organización democrática donde el
pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona
y mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin
duda, la manera más democrática de organizarse que existe en todo el Estado. De
hecho, en la mayoría de estas Entidades, los
habitantes de cada pueblo además de votar en las urnas para elegir los
concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo
y los vocales de su Junta Vecinal. Estamos ante una costumbre hecha norma cuya
regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las administraciones,
nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún gobierno de turno.
Las Juntas Vecinales son, en gran parte, responsables
además de dar servicios a los pueblos. Como el suministro del agua potable en
sus localidades, la gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la
madera y la leña de los montes de su propiedad, la administración, prorrateo o
alquiler de los pastos de su prados, son incluso los responsables de los campos
santos, e incluso de las escuelas donde aun se conservan. Podemos afirmar que
entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de
las entidades locales menores, al menos el
55 % de la superficie de la provincia de León están en manos de los concejos,
que por otro lado son propiedad comunal de los vecinos y a nivel estatal son
propietarias de 3,5 millones de hectáreas.
Suprimir las entidades locales menores significaría el
mayor expolio hacia manos privadas del patrimonio público, previo paso por los
Ayuntamientos, de la historia. Un robo premeditado y diseñado para asaltar la
democracia que representan y generar negocio para una banda de especuladores, acabando
con el mundo rural.
Las Entidades Locales Menores, además, no tienen deudas y
sus alcaldes no cobran sueldos, su pecado es ser las administradoras de las
propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos de sus pueblos.
Por
estas razones afirmamos que estamos ante un proceso de vaciado de los
municipios a favor de las Diputaciones, en algunos casos de las CCAA y el
sector privado, donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su
nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. Lo que significa un
ataque incruento a la tradición de nuestros concejos, pedanías y parroquias
rurales, que por derecho, por trabajo y por historia nos pertenece Un proceso
que debe ser paralizado inmediatamente desde estas premisas.
- Que el régimen de las entidades locales
menores, tal y como ha dictaminado el consejo de Estado, sea esencialmente Autonómico o Foral, y tienen que
ser las comunidades autónomas las que establezcan su régimen jurídico
principal.
- Que es esencial mantener el carácter de
entidad local, como verdaderas administraciones públicas territoriales, con
plena personalidad jurídica
- Que es absolutamente inadmisible que se
pueda suprimir una entidad local menor por las deudas o déficit del Municipio
en cuyo territorio se encuentre
- Que es necesario flexibilizar los plazos
de rendición de cuentas, simplificando su formato y procedimiento, integrando
estos procesos en un esfuerzo por fomentar y financiar la modernización y
adopción de la Administración electrónica por las Entidades locales menores
Nos comprometemos a seguir trabajando de
manera horizontal y coordinada, por la defensa del común y de la autonomía
local, por los servicios de calidad, por la sostenibilidad de nuestro trabajo,
avanzando hacia el modelo de concejo abierto, garantía de participación vecinal
y mantenimiento del común.
¡No
al expolio de nuestros pueblos! ¡No a la supresión de los concejos,
pedanias, Juntas vecinales o Parroquias Rurales! ¡Si a la democracia y al gobierno del pueblo!
Muchas
gracias
![[Img #5565]](upload/img/periodico/img_5565.jpg)
En el Estado Español existen más de 3700
entidades locales menores, la mayoría en el norte, siendo leonesas una tercera
parte. Sin embargo, nos llamemos Parroquias Rurales, Pedanías, Juntas Vecinales y Concejos, o Entidades Locales Menores en
general, según nos encontremos en
Galicia, León, Asturias, Castilla, Cantabria, Navarra, Euskadi o en cualquier otro Lugar, todos
compartimos una realidad. La Ley de Racionalición y Sostenibilidad de la
Administración Local acaba con nuestra personalidad jurídica a pesar de que el
artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia dejan claro
que la regulación de los concejos es competencia de las CCAA, y que, leyes
aparte, son instituciones tradicionales conformadas secularmente.
Por este motivo decimos NO A LA
SUPRESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES.
Esta Ley,
que empieza su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y que será defendida
por el Diputado del PP por León, Eduardo Fernández, recoge explícitamente la amenaza
de supresión de todas las entidades locales menores, el expolio de sus bienes
comunales, que pasarían a los Ayuntamientos, el control de la gestión de
sus servicios por parte de las Diputaciones o las CCAA y la imposición de un
plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas.
Por este motivo decimos NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS.
Si esta Ley
se aprobase, una Diputación o una CCAA tendría capacidad, en coordinación con
el Ministerio de Hacienda, para decidir cómo se gestionarían los servicios que
ofrecen los Ayuntamientos y las entidades locales menores. Podrán imponer su
privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente nos
impondrá el Ministerio de Hacienda.
Por este motivo decimos NO AL EXPOLIO DE LOS BIENES COMUNALES.
Las
Diputaciones y las CCAA en subordinación al Ministerio de Hacienda, podrán
proponer al gobierno autonómico la supresión de las entidades locales menores a
las que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un
Plan económico Financiero. Denunciamos
el agravio consistente en que los ayuntamientos con déficit presupuestario puedan
disolver sus entidades locales menores, cuyo
patrimonio pasará a estos mismos consistorios, mientras los alcaldes
culpables de esa mala gestión conservan sus cargos.
Si esta Ley
se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y las entidades locales menores,
ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de coste efectivo
de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo nuevamente
serán impuestos por el Ministerio. En el caso de un mínimo déficit en
cualquiera de estos servicios las entidades locales menores podrán ser
disueltas.
Los
Concejos, Pedanías, Juntas vecinales y Parroquias Rurales , muchos de ellos se
remontan al medievo, recogen un modelo de organización democrática donde el
pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona
y mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin
duda, la manera más democrática de organizarse que existe en todo el Estado. De
hecho, en la mayoría de estas Entidades, los
habitantes de cada pueblo además de votar en las urnas para elegir los
concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo
y los vocales de su Junta Vecinal. Estamos ante una costumbre hecha norma cuya
regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las administraciones,
nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún gobierno de turno.
Las Juntas Vecinales son, en gran parte, responsables
además de dar servicios a los pueblos. Como el suministro del agua potable en
sus localidades, la gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la
madera y la leña de los montes de su propiedad, la administración, prorrateo o
alquiler de los pastos de su prados, son incluso los responsables de los campos
santos, e incluso de las escuelas donde aun se conservan. Podemos afirmar que
entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de
las entidades locales menores, al menos el
55 % de la superficie de la provincia de León están en manos de los concejos,
que por otro lado son propiedad comunal de los vecinos y a nivel estatal son
propietarias de 3,5 millones de hectáreas.
Suprimir las entidades locales menores significaría el
mayor expolio hacia manos privadas del patrimonio público, previo paso por los
Ayuntamientos, de la historia. Un robo premeditado y diseñado para asaltar la
democracia que representan y generar negocio para una banda de especuladores, acabando
con el mundo rural.
Las Entidades Locales Menores, además, no tienen deudas y
sus alcaldes no cobran sueldos, su pecado es ser las administradoras de las
propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos de sus pueblos.
Por
estas razones afirmamos que estamos ante un proceso de vaciado de los
municipios a favor de las Diputaciones, en algunos casos de las CCAA y el
sector privado, donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su
nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. Lo que significa un
ataque incruento a la tradición de nuestros concejos, pedanías y parroquias
rurales, que por derecho, por trabajo y por historia nos pertenece Un proceso
que debe ser paralizado inmediatamente desde estas premisas.
- Que el régimen de las entidades locales menores, tal y como ha dictaminado el consejo de Estado, sea esencialmente Autonómico o Foral, y tienen que ser las comunidades autónomas las que establezcan su régimen jurídico principal.
- Que es esencial mantener el carácter de entidad local, como verdaderas administraciones públicas territoriales, con plena personalidad jurídica
- Que es absolutamente inadmisible que se pueda suprimir una entidad local menor por las deudas o déficit del Municipio en cuyo territorio se encuentre
- Que es necesario flexibilizar los plazos de rendición de cuentas, simplificando su formato y procedimiento, integrando estos procesos en un esfuerzo por fomentar y financiar la modernización y adopción de la Administración electrónica por las Entidades locales menores
Nos comprometemos a seguir trabajando de manera horizontal y coordinada, por la defensa del común y de la autonomía local, por los servicios de calidad, por la sostenibilidad de nuestro trabajo, avanzando hacia el modelo de concejo abierto, garantía de participación vecinal y mantenimiento del común.
¡No al expolio de nuestros pueblos! ¡No a la supresión de los concejos, pedanias, Juntas vecinales o Parroquias Rurales! ¡Si a la democracia y al gobierno del pueblo!
Muchas gracias


































Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.32