El cambio de criterio del Ayuntamiento de Santas Martas permite autorizar la planta de compostaje de lodos

León Ecologistas en Acción lamenta que finalmente la planta de lodos se haya autorizado en base al informe favorable firmado el el 7 de octubre por un concejal.  "La Consejería ha validado este último escrito de compatibilidad urbanística que contraviene en breves líneas y sin justificación suficiente la resolución de Alcaldía, cuya argumentación jurídica concluía que, conforme a las Normas Urbanisticas de Santas Martas,  la planta de lodos es un uso industrial prohibido en el suelo rústico elegido,  y solo “procedería la denegación de la autorización ambiental solicitada”" indica León Ecologistas en Acción.

El BOCYL de 16 de noviembre de 2020 publicó la Resolución de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para el proyecto de una planta de compostaje en Santas Martas, promovido por “Agro Gestión Integral, Sociedad Cooperativa”. Esta autorización quedó en suspenso el pasado 16 de septiembre,  en la sesión del Consejo de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Castilla y León que se reúne en Valladolid y a la que asiste Ecologistas en Acción como miembro de pleno derecho. El Consejo,  conforme a lo legalmente establecido, dejó la autorización del proyecto  en manos del Ayuntamiento de Santas Martas dándole la oportunidad de ratificar el informe urbanístico desfavorable, emitido el 10 de junio de 2020 que corrige el informe previo del arquitecto municipal de 7 de marzo de 2016.

El  informe urbanístico municipal es vinculante y si fuera negativo “el órgano competente para otorgar la autorización ambiental, siempre que dicho informe haya tenido entrada en el registro correspondiente de la Administración de la Comunidad de Castilla y León antes del otorgamiento de dicha autorización, deberá dictar resolución motivada poniendo fin al procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones” (art. 12.2 TRLPACyL). El archivo del procedimiento es legalmente obligado, pudiendo incurrir en responsabilidad penal la continuación y resolución del mismo en sentido favorable. 

Ahora queda abierto el plazo para los recursos. "Esperamos se presenten y podamos seguir  rechazando un proyecto que cuenta con un alto potencial de degradar el medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones del entorno" afirma el grupo León Ecologistas en Acción.

Un proyecto con problemas técnicos no resueltos

León Ecologistas en Acción destaca algunos problemas no resueltos en el proyecto. La cantidad de lodos a tratar,  44.400 toneladas al año (sin determinar su contenido de humedad) excede ampliamente la cantidad de lodos producidos en las depuradoras urbanas de la provincia de León (3.500 toneladas de materia seca en 2016). La capacidad de las instalaciones de tratamiento para cualquier tipo de residuos no debería exceder la producción local o comarcal,  en cumplimiento de los principios de proximidad y autosuficiencia que habría que respetar escrupulosamente ante la emergencia climática que afrontamos.

Además, el compostaje de lodos de depuradora para obtener productos fertilizantes debe realizarse en el interior de naves industriales que eviten la dispersión de malos olores. El tratamiento de los lodos  se realizará al aire libre y,  para eliminar los malos olores, "se propone el sinsentido de añadir un caldo bacteriano  de composición desconocida  que trabaja “eficientemente en condiciones anaerobias”" afirman los ecologistas.

Por otro lado, "existe alto riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por filtración de lixiviados, ya que el descompostaje de los lodos se hará sobre zahorra" subraya León Ecologistas en Acción.. "Además,  el vertido de las aguas residuales de los lixiviados del proceso  carece de autorización de vertido de CHD; es decir, no habrá control efectivo de la cantidad, carga contaminante, tratamiento y destino final de las aguas residuales que serán evacuadas por terceros" insisten.

Por último, León Ecologistas en Acción insiste en que se trata de un proyecto polémico, que contó con más de 300 alegaciones de particulares, asociaciones, Juntas Vecinales y de los Ayuntamientos de El Burgo Ranero, Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Santa Cristina de Valmadrigal, Villamoratiel de las Matas, y del propio Ayuntamiento de Santas Martas,  "cuya ejecutiva tendrá que explicar al Pleno municipal y  a sus vecinos por qué ha cambiado de criterio" añade el grupo ecologista.