COMUNICADO DE PRENSA
IU se felicita por haber conseguido que se aprueben las bases para obras en municipios y juntas vecinales
IU se felicita por haber conseguido que, por fin, la Diputación deba aprobar
unas Bases regladas para poner orden en el reparto de las partidas económicas
de los Planes de Obras para municipios y juntas vecinales.
Gracias a la denuncia en fiscalía, que está en fase de
diligencias de investigación, contra el reparto caciquil y arbitrario del
último Plan de obras para las Juntas Vecinales, al cual añadimos un informe
legal del Procurador del Común, que dejaba patentes las vergüenzas
antidemocráticas de los acuerdos de rapiña entre PP, PSOE, UPL y no adscritos,
también en el reparto relativo a los Ayuntamientos de 20.000 habitantes, hemos
logrado que la Diputación
cambie el paso y reglamente la concesión de estas partidas presupuestarias
cumpliendo la Legislación
vigente en materia de concesión de subvenciones.
Otra cuestión será el contenido de estas Bases y si
suponen un avance democrático real o tan solo pretenden legitimar el ordeno y
mando que se impone en “La Casa”
y que tan solo cede ante iniciativas judiciales o ante la fiscalía, como se vio
obligada a hacer IU.
Estaremos atentos a estas bases y pretendemos
completarlas para mejorarlas o cambiarlas del todo para asegurar que la libre
concurrencia y no discriminación por razones partiditas se imponga al dedazo
actual. Igual que estamos estudiando con lupa la subida de un 60% en las tasas
de la Residencia
de Mayores Sta Luisa, en la cual han llegado a obligar a los ancianos a firmar
la aceptación de las nuevas tasas de 800 euros de la forma más miserable
(mañana acompañaremos a un grupo de familiares al procurador del común para
hacer patente su protesta), la tasa a las juntas vecinales por el apoyo
provincial del SAM; que es un agravio comparativo respecto a los municipios y
un estudio de mercado para empezar a cambiar la gestión del agua en las mismas,
robar servicios y competencia deficitarias o proponer la propia supresión de
juntas vecinales, cuya competencia compartirán con el Ministerio de Hacienda si
entra en vigor la Ley
antiayuntamientos.
IU se felicita por haber conseguido que, por fin, la Diputación deba aprobar unas Bases regladas para poner orden en el reparto de las partidas económicas de los Planes de Obras para municipios y juntas vecinales.
Gracias a la denuncia en fiscalía, que está en fase de diligencias de investigación, contra el reparto caciquil y arbitrario del último Plan de obras para las Juntas Vecinales, al cual añadimos un informe legal del Procurador del Común, que dejaba patentes las vergüenzas antidemocráticas de los acuerdos de rapiña entre PP, PSOE, UPL y no adscritos, también en el reparto relativo a los Ayuntamientos de 20.000 habitantes, hemos logrado que la Diputación cambie el paso y reglamente la concesión de estas partidas presupuestarias cumpliendo la Legislación vigente en materia de concesión de subvenciones.
Otra cuestión será el contenido de estas Bases y si suponen un avance democrático real o tan solo pretenden legitimar el ordeno y mando que se impone en “La Casa” y que tan solo cede ante iniciativas judiciales o ante la fiscalía, como se vio obligada a hacer IU.
Estaremos atentos a estas bases y pretendemos completarlas para mejorarlas o cambiarlas del todo para asegurar que la libre concurrencia y no discriminación por razones partiditas se imponga al dedazo actual. Igual que estamos estudiando con lupa la subida de un 60% en las tasas de la Residencia de Mayores Sta Luisa, en la cual han llegado a obligar a los ancianos a firmar la aceptación de las nuevas tasas de 800 euros de la forma más miserable (mañana acompañaremos a un grupo de familiares al procurador del común para hacer patente su protesta), la tasa a las juntas vecinales por el apoyo provincial del SAM; que es un agravio comparativo respecto a los municipios y un estudio de mercado para empezar a cambiar la gestión del agua en las mismas, robar servicios y competencia deficitarias o proponer la propia supresión de juntas vecinales, cuya competencia compartirán con el Ministerio de Hacienda si entra en vigor la Ley antiayuntamientos.

































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